Derecho y Sociedad

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AYUDA MEMORIA
13 de agosto de 2012

COMUNIDAD NATIVA “TRES ISLAS”: PERSEGUIDA POR EJERCER FUNCIONES JURISDICCIONALES PARA PROTEGER SU INTEGRIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y SU FUTURO

I.    EL CASO
1.    La comunidad nativa “Tres Islas”
La comunidad nativa “Tres Islas” (en adelante la Comunidad) está conformada por 103 familias pertenecientes a los pueblos indígenas Shipibo y Ese´Eja, y está asentada en el Distrito de Tambopata, Madre de Dios. El hábitat natural de  la Comunidad es una zona de bosques tropicales húmedos, basa su subsistencia y alimentación en las plantas, frutos y animales, como la sachavaca que hay en el bosque y los   peces que hay en el Río Madre de Dios que bordea y atraviesa la Comunidad. Además, tiene como una de sus actividades de subsistencia la silvicultura, la extracción racional y sostenible de madera y la recolección de castañas. Finalmente, la Comunidad tiene reconocimiento oficial y título de su propiedad.

2.    ¿Cómo se estaba/está afectando la integridad del Pueblo Indígena?
Desde hace unos años, la Comunidad sufre la intrusión no autorizada de terceros que realizan tala ilegal de madera, minería ilegal e informal y prostitución en su territorio. La minería ilegal e informal genera una gran deforestación del bosque, contaminación de aguas, muerte de animales terrestres, peces y aves, lo que afecta la seguridad alimentaria, salud, integridad territorial, física y cultural de la Comunidad, su modo de vida y libre determinación del desarrollo, así como el libre desarrollo de sus miembros. El contagio de sida o hepatitis B a causa de prostíbulos es un gran peligro para los jóvenes y la comunidad toda (por ejemplo, los Kandoshi están en peligro de extinción porque están contagiados en un 90% por hepatitis B, que se expande por transmisión sexual).

3. ¿Quién favorece la intrusión no autorizada de terceros que afectan la integridad?
La intrusión no autorizada de terceros en territorio comunal (mineros ilegales e informales, taladores ilegales, personas que ejercen la prostitución y personas que trafican y comercializan combustible) es facilitada por dos empresas de transporte, “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL” (que tienen unos 20 autos cada una), que ingresan a través de una trocha, sin autorización de la Comunidad ni autorización de ruta de la Municipalidad Provincial de Tambopata (Oficio N° 140-2010.MPT-GSC-SGSV y T).

El  exalcalde de la Municipalidad Tambopata, Luis Alberto Bocangel es dueño de dragas que se utilizan en la minería (hay dragas que cuestan un millón de dólares). El  Gobierno Regional ha autorizado un proyecto de carretera, también inconsulto. La Dirección Regional de Energía y Minas (Drem) del Gobierno Regional ha otorgado concesiones mineras, sin ningún tipo de consulta con la Comunidad, ni estudios de impacto ambiental.

4.    ¿Qué decisión tomó la Comunidad nativa para proteger su integridad?
El 01/08/2010, la Comunidad decidió en asamblea comunal proteger su integridad territorial, cultural, física y biológica, mediante el control del ingreso de terceros, construyendo una casa y tranquera de control a la entrada de una trocha carrozable, dentro de su territorio. ¿Se trataba de un delito o una medida de hecho? No es un delito ni medida de hecho, sino de derecho. El art. 149 de la Constitución del 1993, y el Convenio 169 de la OIT, reconoce que las autoridades de comunidades campesinas/nativas/rondas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario. Es decir, pueden, como cualquier autoridad jurisdiccional de la república, usar la coerción legítima para restringir derechos (como el libre tránsito u otros), en tanto sigan su debido proceso (decisión de asamblea) y se trate de la protección de derechos superiores (integridad). El 4/8/2010, la Comunidad construyó la casa y tranquera de control por la trocha carrazoble, en ejercicio de su función jurisdiccional.

5. ¿Qué hicieron los mineros y transportistas para seguir ingresando a la Comunidad?
A raíz de la construcción de un cerco y caseta de control a la entrada del territorio comunal por el Km. 24 de la carretera Interoceánica, que ingresa por el sector Teniente Acevedo, las empresas de transporte “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL” interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía (el 4/8/2010), y una acción de hábeas corpus(HC), con expediente N.° 624-2010, ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata contra la Sra. Juana Payaba Cachique, expresidenta de la Comunidad, por supuesta vulneración del derecho al libre tránsito (presentada el 9/8/2010).

6.    ¿El Poder Judicial protegió los derechos indígenas o amparó a los intrusos?
El Juez Iván Vílchez Cruz del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Madre de Dios declaró fundado el hábeas corpus presentado por las empresas de transportes “Los Pioneros SCRL” y “Los Mineros SAC” (El 12/08/2010).

Los Magistrados Becerra Urbina, Jiménez Jara, Pichihua Torres de la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios denegaron la apelación de la Comunidad, sin considerar los derechos que la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT le reconocen, y su obligación de impedir toda intrusión no autorizada (25/08/2010). Incluso le recordaron a la expresidenta de la Comunidad que debe honrar al Perú  y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Por lo tanto, dejar  entrar a terceros no-indígenas en su Comunidad y ordenó que se pasen copias de lo actuado a la fiscalía, por delito de extorsión (bloqueo de carreteras para pedir algo ilegal a la autoridad).

Confirmada la sentencia apelada, el Juez de Primera Instancia, mediante Resolución N.° 11, dispuso el retiro de la caseta de control con la presencia de 100 policías llevados por los agraviados (21/09/2010). En ejecución de sentencia, que no fue notificada a la Comunidad, el juez ordenó “el desalojo” de la caseta de control por parte de los transportistas, quienes la destruyeron con sierras eléctricas y machetes, resguardados por decenas de policías. Ante la resistencia, el juez ordenó: “policía, deténgame a quien se oponga por favor”, por lo que la comunidad ya no puede ejercer el control jurisdiccional sobre su territorio, so pena de sufrir detención quien se atreva a ello (El 23/09/2010).

más información ver archivo 
 

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DOCUMENTOS

AUDIENCIA TEMATICA

 

PRESENTACIÓN (VER PPT)


INFORME SOBRE EL CASO DE MÁXIMA ACUÑA DE CHAUPE, (VER INFORME)



PRINCIPIOS MÍNIMOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO (descargar archivo)



OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO PERUANO ANTE EL MEGAPROYECTO “CONGA” (descargar archivo)

 

 

INFORME: AUDIENCIA TEMÁTICA REGIONAL SOBRE "JURISDICCIÓN INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS" CIDH, 141 Periódo de sesiones, Washington, 25 de marzo 2011 (ver archivo)

 


INFORME-YANACOCHA


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