Enero 2026. A más de una década de la violencia por la imposición del megaproyecto minero Conga, el conflicto sigue abierto, debido a que el Estado peruano tiene planificado impulsar con dicho megaproyecto y continúa sin responder por la violación estructural de los derechos de los pueblos indígenas de Cajamarca, particularmente su derecho al consentimiento previo, libre e informado frente a decisiones que afectan directamente sus territorios, sus formas de vida y su existencia colectiva.
En una reciente entrevista concedida a la revista COSAS (Publicación de Diciembre 2025), el presidente de la República, José Jerí Oré, afirmó que existe una “firme voluntad de impulsar” proyectos mineros como Conga, señalando que su gobierno dará una atención especial a grandes proyectos extractivos que —según indicó— permitirían generar ingresos directos para el país. En ese contexto, el mandatario sostuvo que no ve “mayor problema” en realizar un último esfuerzo de consenso para que estos proyectos “caminen” y se alcance un entendimiento final.
En este contexto, las declaraciones en setiembre del presente año del ex Ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, al afirmar que “la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no”, cobran mayor relevancia y reafirman la preocupación de los pueblos indígenas de Cajamarca frente a una política estatal que continúa priorizando la extracción minera por encima de los derechos humanos, el agua y la vida en los territorios.
Estas declaraciones confirman que el megaproyecto minero Conga no está descartado, lo que consecuentemente es una amenaza constante para los pueblos indígenas de Cajamarca organizados en rondas campesinas y comunidades, quienes han manifestado reiteradamente su rechazo a la ejecución del megaproyecto minero, y dicho rechazo ha sido sostenido en el tiempo. A ello se suma la ausencia de justicia por los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto, que dejaron cientos de personas heridas y la muerte de cinco personas, incluido un menor de edad. Hasta hoy, el Estado peruano no ha determinado responsabilidades.
La actualidad del caso Conga se explica hoy por la demora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la Petición presentada en abril de 2012 por las Rondas Campesinas de Cajamarca, actualmente Caso 13.641, que denuncia internacionalmente al Estado peruano por la imposición violenta del megaproyecto minero Conga. A pesar de que el caso cuenta con más de trece años en el Sistema Interamericano, tramitándose bajo la figura de per saltum desde el 2018, la CIDH aún no ha emitido su Informe de Admisibilidad y Fondo, manteniendo en una situación de incertidumbre prolongada a las comunidades afectadas.
Esta demora resulta aún más grave si se considera que el propio Sistema Interamericano reconoció tempranamente la gravedad del contexto, otorgando en 2014 la Medida Cautelar N.° 452-11 a favor de líderes y lideresas de Cajamarca. La existencia de esta medida debería constituir un criterio central para la priorización del caso, pues confirma que el conflicto Conga no es un hecho del pasado, sino una situación de riesgo persistente vinculada a la defensa del territorio indígena.
En ese sentido, resulta fundamental diferenciar las luchas legales en curso. Mientras algunas organizaciones ambientalistas han optado por interponer acciones legales contra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los pueblos indígenas de Cajamarca no solo buscan la nulidad del EIA, sino la nulidad de las concesiones mineras del proyecto Conga otorgadas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado, acumuladas en la denominada “Acumulación Minas Conga”. Al respecto, las Rondas Campesinas de Cajamarca reiteran que el problema de fondo no es ambientalista, sino sobre la violación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, de acuerdo con la Notificación de las Rondas Campesinas del Centro Poblado El Tambo de setiembre del 2024. Si bien el proyecto Conga implica graves impactos ambientales —especialmente sobre lagunas y cabeceras de cuenca—, son los propios pueblos indígenas quienes históricamente han protegido estos espacios por su valor vital, cultural y espiritual, como parte inseparable de su identidad y supervivencia.
Esta distinción es importante. En el contexto peruano, no existe un recurso interno efectivo que permita proteger el derecho al consentimiento previo, libre e informado, dado que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha negado reiteradamente su contenido vinculante (Exp. N° 00022-2009-PI/TC), sosteniendo que los pueblos indígenas no pueden oponerse a medidas estatales. Esta situación explica por qué las Rondas Campesinas acudieron directamente a la CIDH.
La situación para las Rondas Campesinas de Cajamarca se agrava, considerando de que la criminalización contra dirigentes indígenas continúa vigente. A la fecha, líderes ronderos que estuvieron al frente de la defensa del territorio durante el conflicto Conga siguen enfrentando procesos penales abiertos, lo que refuerza la denuncia de un patrón de persecución judicial contra quienes ejercen la defensa de derechos colectivos. Entre ellos se encuentra Manuel Ramos Campos, rondero del centro poblado El Tambo, beneficiario de la Medida Cautelar 452-11 y uno de los principales líderes indígenas de la lucha contra la imposición del megaproyecto minero Conga.
El 30/12/2025, el equipo del IIDS entrevistó a Manuel Ramos Campos para que nos comente sobre la situación de criminalización, las últimas declaraciones del Presidente José Jerí, entre otros temas relacionados al caso Conga:
Manuel Ramos Campos (Extractos de la entrevista del 30/12/2025): “Cómo es de conocimiento pública, todos los líderes, dirigentes que nos oponemos al megaproyecto minero Conga somos criminalizados tanto por la empresa minera Yanacocha y por el mismo Estado por actos que nosotros nunca hemos cometido, como es el caso de mi persona, tengo más de 74 procesos judiciales y que a la fecha todavía tenemos unos por cerrar que nos están llamando para audiencia el próximo año del 2026”.
“Frente a estos hechos, también, hago un llamado a la Comisión Interamericana que ya debe haber un pronunciamiento de Nulidad de todos estos proyectos ubicados en cabecera de cuenca, porque afecta a los pueblos originarios y de igual manera afecta a nuestros territorios ancestrales.” Para escuchar la entrevista completa:
En junio de 2025, la CUNARC-Perú, en su calidad de peticionaria del Caso 13.641, solicitó formalmente la priorización del caso Conga ante la CIDH, en el marco de la convocatoria pública realizada por la propia Comisión. Posteriormente, en julio del mismo año, funcionarios de la CIDH habrían confirmado que el caso fue priorizado. Frente a ello, las Rondas Campesinas instan a la Comisión a emitir a la brevedad el Informe de Admisibilidad y Fondo, considerando que el caso ha cumplido con todos los requisitos exigidos y que la demora prolongada afecta gravemente el acceso a la justicia internacional de los pueblos indígenas.
ENLACES EXTERNOS DE LAS DECLARACIONES DEL ESTADO PERUANO:
