IIDS. SEPTIEMBRE 2025. El pasado jueves 13 de noviembre se dio la novena sesión del Diplomado Internacional “Litigación Estratégica en Derechos de Pueblos Indígenas y la Madre Naturaleza”. Se abordó el tema de “Desarrollo y derechos de los pueblos y naturaleza. Nuevos avances sobre derechos de la naturaleza y clima sano”, marcando el inicio de este importante espacio de formación y reflexión.
En esta sesión IX especialistas en derechos humanos, pueblos indígenas y medio ambiente expusieron los avances y desafíos actuales en torno al derecho, al desarrollo, la protección de la naturaleza y la defensa de los territorios indígenas. Sus intervenciones ofrecen claves para comprender la evolución jurídica y las tensiones que persisten entre los marcos normativos estatales y las cosmovisiones ancestrales.
JUANA MARÍA IBÁÑEZ RIVAS (PERÚ)
Especialista en derecho internacional de los derechos humanos, con amplia experiencia en investigación y asesoría en temas de desarrollo, pueblos indígenas y protección ambiental, abordó los principales elementos que definen el derecho al desarrollo y su relevancia para la protección de los derechos colectivos y de la naturaleza.
En su exposición, explicó que el derecho al desarrollo reconocido por la Declaración de la ONU de 1986 es un derecho humano inalienable que permite a personas y pueblos participar, contribuir y disfrutar de un proceso de desarrollo económico, social, cultural y político que garantice la realización plena de todos los derechos humanos. Destacó que este derecho posee una dimensión individual, vinculada a la participación y la distribución equitativa de beneficios, y una dimensión colectiva, fundamentada en el derecho de los pueblos a la libre determinación.
La Dra. Ibáñez subrayó que, a pesar de los marcos normativos existentes, los Estados todavía enfrentan obstáculos estructurales que limitan la realización efectiva de este derecho, como el racismo, la discriminación histórica, las desigualdades socioeconómicas y la falta de condiciones reales para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Indicó que estos desafíos afectan de manera particular a los pueblos indígenas, quienes siguen experimentando las consecuencias del colonialismo, la exclusión y la falta de acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación, empleo y justicia.
Asimismo, señaló que garantizar el derecho al desarrollo requiere respetar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, especialmente cuando decisiones estatales o empresariales afectan territorios, recursos y modos de vida de los pueblos indígenas. Este mecanismo, indicó, es fundamental para asegurar que los pueblos puedan conducir su propio desarrollo y participar de manera efectiva en asuntos que les conciernen.
RICARDO CHANGALA (URUGUAY)
Especialista en Derechos Humanos, Relaciones Laborales y Pueblos Indígenas, con amplia experiencia en organismos internacionales, sector público y organizaciones sociales, nos explicó los avances más recientes en materia de derechos ambientales, pueblos indígenas y reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
Explicó que la Corte Interamericana reconoce hoy a la Naturaleza como sujeto de derechos, destacando la protección de la integridad de los ecosistemas y la interdependencia entre derechos humanos y ambiente.
Señaló que este enfoque se apoya en principios de ius cogens, que obligan a los Estados a adoptar medidas basadas en la mejor ciencia disponible y en el respeto de los saberes locales e indígenas. Changala recordó el papel central de la Opinión Consultiva 23/17, que estableció que el daño ambiental puede implicar violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, generando obligaciones estatales de prevenir contaminación, evitar prácticas dañinas y asumir responsabilidad incluso por daños extraterritoriales.
También destacó la evolución conceptual y regulatoria, que ha pasado del ecologismo jurídico a una visión que reconoce personalidad jurídica a la naturaleza. Esta transición ha sido reforzada por la jurisprudencia y normativa de los Estados.
El especialista explicó además que la Corte ha definido obligaciones ambientales específicas en su jurisprudencia reciente, entre ellas la protección del medio ambiente sano, la prevención de impactos diferenciados sobre pueblos indígenas y el deber de adoptar medidas frente a la crisis climática generada por actividades humanas.
JOHANA FERNANDA SÁNCHEZ JARAMILLO
Investigadora en derechos de la naturaleza, pueblos indígenas y ecologías críticas, presentó una reflexión profunda sobre la relación entre los derechos de la Madre Tierra, los sistemas jurídicos occidentales y las cosmovisiones originarias, especialmente desde la experiencia del pueblo Awá y su territorio Katsa Su.
Explicó que el debate sobre los derechos de la naturaleza ha sido históricamente dominado por enfoques eurocéntricos que desconocen su origen indígena.
Frente a ello, destacó la afirmación de lideresas como Mónica Chuji Gualinga, quien recuerda que para los pueblos indígenas todos los seres vivos “tienen vida, tienen derecho a seguir existiendo y no somos nadie para coartar su ciclo de vida”. La expositora señaló que estos principios milenarios han sido luego traducidos a vías constitucionales, legislativas y jurisprudenciales en países como Ecuador, India, Bangladesh y Colombia, aunque con falencias persistentes: interpretación liberal, desconocimiento teórico, ausencia de saberes ancestrales y decisiones judiciales que copian precedentes sin atender el contexto.
La investigadora profundizó en la experiencia del pueblo Awá, para quienes Katsa Su no es solo territorio, sino un sujeto colectivo, ordenadora de la vida y espacio habitado por seres con agencia: montañas, animales, ríos y espíritus capaces de comunicar y orientar la vida comunitaria. Recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció en 2019 a Katsa Su como víctima, debido a las violaciones sistemáticas sufridas por el pueblo Awá: asesinatos de líderes, masacres, reclutamiento forzado, violencia sexual, minas antipersonal, hostigamiento y desplazamientos. Finalmente, subrayó que para los Awá “todo lo que vive es gente”, y que sus relaciones están basadas en reciprocidad, respeto y cuidado.
Las instituciones organizadoras del Diplomado:
El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), junto con la coorganización del Center for Justice and International Law (CEJIL), el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y la Escuela Virtual IIDS, dieron la bienvenida al Diplomado Internacional “Litigación Estratégica en Derechos de Pueblos Indígenas y la Madre Naturaleza”.
