
IIDS, diciembre de 2025. El 17/12/2025, el Pueblo Achuar, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), ha presentado información adicional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sustentar su pedido de Medida Cautelar (Nº 1326-24), como su última esperanza para dar atención a la crisis humanitaria que vive por los efectos del derrame petrolero sobre el Río Pastaza, en el Oleducto Ramal Norte, acontecido el año pasado (3/10/2024).
El Informe de FENAP explica cómo los efectos no atendidos del derrame petrolero, debido a la indiferencia estatal, han causado una seria crisis de seguridad alimentaria, agua y salud en las ocho comunidades Achuar afectadas, agravando el riesgo de vida grave, urgente e irreparable que enfrentan. El Informe incluye datos oficiales y declaraciones de las autoridades de las comunidades afectadas, así como los testimonios presentados ante la Asamblea de FENAP realizada el pasado noviembre en la Comunidad de Puerto Rubina (Andoas, Provincia del Datem del Marañón, Loreto).
El Apu Jacob Espinar Tserem, presidente de la cuenca afectada, FIAAP, una de las seis organizaciones de base de FENAP; el coordinador de salud de FENAP, Abelino Ankuach, y el Apu de la comunidad Buena Vista, Manuel Tampet, entre otros, dan testimonio de:
Nuevo fallecimiento de una niña en la Comunidad de Huagramona el 10/11/2025.
La niña, de iniciales O.W.M., de apenas 6 años de edad, murió sin diagnóstico claro. Creen que puede ser a raíz de la cocción de alimentos del programa Qali Warma con agua contaminada, pues también los hermanos de la niña, que consumieron tales alimentos proporcionados en el programa escolar, estuvieron mal. Recién a exigencia del presidente de FIAAP, Jacob Espinar Tserem, el Centro Centro de Salud de Huagramona abrió investigación, pero todavía sin resultado. Este caso se suma al de once niños del Pueblo Achuar muertos durante el año 2025 sin diagnóstico claro, pues no se sabe si los fallecimientos están vinculados a la contaminación, la tos ferina u otras causas; pero nunca hubo tantos niños fallecidos en el mismo período, dijo el dirigente.

Carencia de agua apta para el consumo humano.
Los apus explicaron que el mecanismo instalado por la empresa INCLAN para “limpiar el agua”, solo consiste en adicionar cloro, para prevenir bacterias, pero ello no elimina metales pesados, que es el problema derivado del derrame de crudo. Por lo tanto, ello no es idóneo para el problema de contaminación de petróleo que enfrentan. “En la Comunidad, tenemos que caminar más de dos horas para encontrar agua con qué cocinar”, explicó el apu de la Comunidad de Buena Vista, Manuel Tampet.
Evidencias de que el agua “no es apta para el consumo humano”.
La Red de Salud del Datem del Marañón del Ministerio de Salud (MINSA) ha informado oficialmente que los valores del agua en la Comunidad de “Buena vista” no cumplen los parámetros de calidad que la hace apta para el consumo humano, confirmando lo que las Comunidades vienen denunciando, que el agua que consumen, no lo es.
Informe de MINSA

Fuente: MINSA, Informe adjunto al oficio 001-2025-GRSL-RSDM-MRA, del 29/9/2025 (intervenciones hechas el 23 y 24 de setiembre de 2025).
Crisis alimentaria

Repercusión nacional
El Diario La República publicó un reportaje (21/11/2025) dando cuenta de la falta de alimentos y agua que enfrenta el Pueblo Achuar a raíz del derrame, lo que agrava la situación de salud y el riesgo de vida de niños. La falta de una atención seria de la situación de salud por parte del Estado peruano se hace evidente.
La investigación de la República también da cuenta que, a un año del derrame de petróleo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), confirma que el mismo ha afectado más de 18,000 mt2 aguas abajo, una extensión considerablemente mayor a la inicialmente reportada por la empresa. También informa que ello ha causado enfermedades gastrointestinales, aparición de ronchas y el fallecimiento de niños, hechos que no se registraban con anterioridad. Además, han quedado afectados los cultivos tradicionales. Y hay informes oficiales de MINSA que señalan que, en la mayoría de comunidades evaluadas, el agua no cumple con los estándares de calidad que la hagan apta para el consumo humano.
Pese a las evidencias, Petroperú sostiene que las zonas afectadas fueron limpiadas y que ya no tiene nada que hacer. A la luz de los impactos que se observan a la fecha, las afirmaciones de Petroperú resultan altamente cuestionables.
La CIDH: la última esperanza del Pueblo Achuar
Ante esta situación, el presidente del Pueblo Achuar, Elmer Kunchim, señaló:
“Esperamos que la CIDH nos dé la Medida Cautelar pronto. Nos hemos reunido con todas las autoridades nacionales: Petroperu, MINEM, MINSA y la Defensoría del Pueblo, pero no nos atienden. Dicen que ya todo está remediado, pero no es así. Mi pueblo está pasando hambre, no tenemos agua y los niños están muriendo. Por eso, las comunidades contaminadas quieren quieren cerrar el paso del Río para que nos escuchen. Sabemos que eso puede traer problemas, pero las comunidades están desesperadas”.

“A un año del derrame, la situación de las comunidades afectadas, lejos de remediarse, se ha agravado y, si no se toman medidas urgentes, la crisis alimentaria, de agua y salud que enfrentan tendrá consecuencias irremediables”. Así lo manifestó la Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), que lleva la asesoría legal de FENAP, y quien también participó en la Asamblea de FENAP. Y, con relación a la posible medida a tomar por las comunidades afectadas, señaló: “Las comunidades están en su derecho de hacer control territorial, pero eso siempre trae la represión estatal. Lamentablemente, el Estado se hace presente a la hora de reprimir a los pueblos y no para atender los problemas que el mismo genera, como en este caso.” Al cierre de la nota, el presidente de FENAP señaló que esperan que la CIDH les escuche y les otorgue la Medida Cautelar, antes de que la situación de su pueblo empeore.
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ASAMBLEA DEL PUEBLO ACHUAR (FENAP) EXIGE AL CONGRESO APROBAR LEYES A FAVOR DE PUEBLOS INDÍGENAS.
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