IIDS. Diciembre 2025. 04 Dic. En la sesión de clausura del Diplomado Internacional “Litigación Estratégica en Derechos de Pueblos Indígenas y la Madre Naturaleza”, los participantes presentaron sus trabajos finales elaborados a partir de la ficha de entrada, documento base para la construcción de la teoría del caso, en el marco del litigio estratégico.
El Diplomado fue llevado a cabo por la Escuela virtual del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), presidido por Soraya Yrigoyen Fajardo, en coorganización del Center for Justice and International Law (CEJIL), de Washington DC, presidido por Viviana Krsticevic; El Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), organización del Vaticano con sede en Buenos Aires, a cargo de Lucas Ciarniello como Secretario académico; y la Universidad de Flores (UFLO), con sede en Neuquén (Argentina), a cargo de la Rectora Ruth Graciela Fisch.
Los participantes del Diplomado, a través de exposiciones individuales y grupales, aplicaron la teoría del caso trabajada durante las 11 sesiones de las clases realizadas, identificando el sujeto colectivo afectado, el hecho vulnerante, el agente responsable, los derechos vulnerados y las rutas procesales para su exigibilidad.
Los trabajos presentados evidenciaron la diversidad de problemáticas que enfrentan los pueblos y comunidades en la región, así como la importancia de la litigación estratégica, el fortalecimiento organizativo y la protección de los territorios y ecosistemas frente a proyectos extractivos y decisiones estatales inconsultas. Estos trabajos finales reflejan el análisis jurídico, político y comunitario que el Diplomado busca fortalecer en cada edición.
A continuación, algunos de los trabajos presentados por las y los participantes del Diplomado provenientes de organizaciones indígenas, comunitarias y profesionales.
El equipo conformado por las autoridades indígenas: Jesús Noralda Jiménez Ríos, José Morales Merino, Hebelio Llacsahuanga Córdova, Santos Montalván Castillo, Martina Velásquez Chinchay, Lesly Lisbet Lucerito Montalván Córdova, Pablo Ypanaque Vílchez, y la abogada Mercy Katherine Lloclla More presentó el caso de de los pueblos indígenas afectados por el inconsulto Proyecto Minero Río Blanco.
El sujeto colectivo del caso está integrado por comunidades campesinas y rondas de El Carmen de la Frontera, reconocidas por su organización comunal y defensa territorial. En cuanto al territorio, el caso se desarrolla en las cabeceras de cuenca de la región Piura, ecosistemas de alta fragilidad ecológica que proveen agua a diversas poblaciones y sostienen actividades tradicionales de agricultura y ganadería familiar. El hecho vulnerante principal identificado es el otorgamiento del proyecto minero sin consulta previa ni autorización comunal, generando intrusión de terceros y riesgos de afectación a ecosistemas de páramos, a la disponibilidad de agua y a la integridad del territorio comunal, así como hechos de conflictividad y criminalización. Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho al territorio y a la propiedad comunal, el derecho al agua, los derechos ambientales y de la Madre Naturaleza, el derecho a la participación y a la consulta previa, y la protección de las formas de vida y organización comunal.
El grupo planteó como ruta procesal acciones de amparo para exigir la nulidad del inconsulto Proyecto minero; proteger el agua y el territorio. El grupo también planteo la activación de mecanismos de incidencia nacional e internacional frente a la vulneración de derechos colectivos.
Marta Yáñez Queupumil, Mapuche (Chile), presentó el caso de la Comunidad Huichacura Cayuqueo 2 del pueblo mapuche, cuyo sujeto colectivo está compuesto por familias y autoridades tradicionales que mantienen instituciones ceremoniales, prácticas de medicina ancestral y una activa defensa territorial.
En cuanto al territorio, el caso se sitúa en Huichahue, en la comuna de Padre Las Casas, donde se ubican cerros sagrados, cementerios ancestrales, espacios ceremoniales y zonas de recolección de lawen esenciales para la vida espiritual y cultural de la comunidad. El hecho vulnerante principal corresponde a la construcción y ampliación del By pass Ruta 5 Sur, así como a la instalación de industrias privadas en territorio ancestral sin Consulta Previa, Libre e Informada; lo que ha generado profanación de cementerios, contaminación de cerros sagrados y pérdida de espacios espirituales y medicinales. Estas acciones derivan en graves derechos vulnerados, incluyendo el derecho al territorio y a las tierras ancestrales, los derechos culturales y espirituales del pueblo mapuche, la práctica de la medicina tradicional, la consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT y la protección de la identidad cultural y lingüística.
La ponente planteó como pedido de reparación o ruta procesal un conjunto de acciones que incluyen reparación económica y territorial, restitución y protección de cementerios y sitios ceremoniales, realización obligatoria de consulta previa en futuros proyectos, restauración ambiental de áreas dañadas, garantías institucionales de no repetición y la activación de vías de litigación estratégica tanto a nivel nacional como internacional para la protección integral de la comunidad.
El participante Pablo Martínez, presentó el caso del sujeto colectivo perteneciente al Pueblo Guaraní de la Comunidad La Pampa, conformado por familias guaraníes provenientes del alto y bajo Isoso que migraron debido a ciclos de sequías e inundaciones, asentándose posteriormente en el predio conocido como “Los Cupesis”. En relación con el territorio, se trata de un espacio adquirido bajo modalidad de título colectivo por migrantes guaraníes, hoy integrado a la periferia del municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde la comunidad mantiene su identidad, organización y continuidad histórica, reconocida incluso por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1235/2017-S1. El hecho vulnerante principal se origina en la venta irregular de tierras comunales a terceros, agravada por actos de falsificación documental promovidos por abogados que hicieron aparecer nuevos propietarios dentro del territorio colectivo, así como por el ingreso de empresas urbanizadoras sin consentimiento comunitario.
Esto ha generado diversos derechos vulnerados, entre ellos el derecho a la existencia como pueblo indígena, la autodeterminación, el pluralismo jurídico, la protección de sus instituciones y jurisdicción propia, conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 30 de la Constitución boliviana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, el pedido de reparación o ruta procesal planteado incluye la activación de mecanismos de defensa como el Conflicto de Competencia ante la jurisdicción indígena y la interposición de una Acción de Amparo Constitucional, buscando el reconocimiento de la competencia jurisdiccional guaraní y la protección efectiva del territorio colectivo frente a su fragmentación y usurpación.
Logros del Diplomado
Estos fueron solo algunos de los trabajos presentados en la clausura del Diplomado Internacional “Litigación Estratégica en Derechos de Pueblos Indígenas y la Madre Naturaleza”, que ha contribuido al fortalecimiento de capacidades para la defensa jurídica y comunitaria.
Las instituciones coorganizadoras reafirman su compromiso con la formación de líderes y defensores de derechos de pueblos indígenas para que sean capaces de exigir tales derechos en instancias judiciales y, de ese modo, promover sociedades más democráticas y plurales en la región. Asimismo agradecen el compromiso de todas las personas y organizaciones que han hecho posible el Diplomado, en especial de quienes han contribuido con becas y otros aportes para facilitar la participación de autoridades indígenas.
La Escuela virtual del IIDS, bajo coordinación académica de Raquel Yrigoyen Fajardo, y coordinación administrativa de Araceli Guillermo Ybárcena, seguirá convocando a nuevos cursos y Diplomados, en coorganización con otras instituciones internacionales, en el marco de su línea de «Pedagogía del Encuentro».
