SESION V: Docentes internacionales como Dra. Soledad García Muñoz (Argentina) y Dr. Diego Morales (Argentina) abordaron temas sobre La justiciabilidad de los DESCA: Agua, alimentación culturalmente adecuada y Ambiente.
IIDS. OCTUBRE 2025. El 16/10/2025 se desarrolló la quinta sesión titulada “La justiciabilidad de los DESCA” del Diplomado Internacional sobre la Litigación Estratégica en Derechos de Pueblos Indígenas y la Madre Naturaleza, organizado por Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y la coorganización del Center for Justice and International Law (CEJIL), El Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y la Escuela Virtual IIDS
En la quinta sesión del Diplomado los docentes analizaron el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la protección y promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), con especial énfasis en su aplicación a los pueblos indígenas y afrodescendientes. A partir de las exposiciones de la Dra. Soledad García Muñoz y Dr. Diego Morales, se reflexionó sobre la importancia de la litigación estratégica como herramienta para garantizar derechos colectivos, generar transformaciones estructurales y fortalecer la justicia social y ambiental en América Latina. Ambos destacaron que la defensa de los DESCA trasciende el ámbito jurídico, ya que implica una acción coordinada de los Estados, las comunidades y la sociedad civil para lograr un desarrollo sostenible basado en la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. La sesión permitió identificar los principales avances del Sistema Interamericano en materia de justiciabilidad de los DESCA, la creación de estándares inéditos en derechos ambientales, de agua y alimentación, y el reconocimiento del papel fundamental de los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza y actores centrales en la construcción de una agenda regional de derechos humanos.
SOLEDAD GARCÍA MUÑOZ (ESPAÑA/ARGENTINA)
Abogada feminista, con amplia trayectoria en litigio nacional e internacional y especialista en derechos humanos, expuso sobre la protección, promoción y monitoreo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacando su relevancia para los pueblos indígenas.
Durante su exposición, explicó que la litigación estratégica y el monitoreo permanente de los DESCA son herramientas esenciales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Subrayó que la justiciabilidad, aunque crucial, no es el único mecanismo disponible en el Sistema Interamericano: existen también instrumentos complementarios para la promoción, supervisión y evaluación del cumplimiento estatal de las obligaciones en materia de desarrollo progresivo y de efectividad inmediata de los derechos.
La relatora hizo un repaso de los principales estándares interamericanos sobre DESCA y pueblos indígenas, resaltando que el principio de igualdad y no discriminación ha sido el eje de su mandato y un componente transversal en la articulación con otras relatorías, como las de pueblos indígenas y afrodescendientes. Destacó que, durante su gestión, se consolidaron estándares inéditos sobre derechos al agua, al medioambiente sano, al cuidado, a la vivienda y a la seguridad social, reforzando la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.
Asimismo, enfatizó la necesidad de incorporar las perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad para comprender cómo operan las distintas formas de discriminación, étnico-racial, de género, social o económica que profundizan la vulnerabilidad de los pueblos. Subrayó que sin esta mirada integral no es posible una protección efectiva de los derechos humanos.
García Muñoz recordó que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador son las bases normativas para la protección de los DESCA en la región. Destacó que el año 2017 fue un punto de inflexión, pues la Corte Interamericana, con el caso Lagos del Campo vs. Perú y la Opinión Consultiva 23/17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, consolidó la justiciabilidad directa de estos derechos y su conexión con el derecho al desarrollo sostenible.
Finalmente, señaló que la labor de la REDESCA como oficina técnica y autónoma de la CIDH es acompañar a los Estados y a las organizaciones sociales en la promoción de políticas públicas que materialicen los DESCA. “El litigio no puede verse aislado de la incidencia estratégica; la defensa de los derechos humanos requiere comunicación, movilización y compromiso político”, afirmó.
Concluyó alentando a los defensores y liderazgos comunitarios a fortalecer sus capacidades en el uso de los mecanismos del Sistema Interamericano, reconociendo que los DESCA son esenciales para la vida, la dignidad y la justicia social de los pueblos.
DIEGO MORALES (ARGENTINA)
Abogado especialista en derechos humanos y director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expuso sobre el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, un fallo emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció, por primera vez, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de los pueblos indígenas.
Durante su exposición, Morales explicó que el litigio representó a más de 130 comunidades indígenas de cinco pueblos distintos (Wichí, Chorote, Toba, Chulupí y Tapiete) que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14, en la provincia de Salta. Las comunidades reclamaron un título colectivo de propiedad sobre 400 mil hectáreas de territorio ancestral, ocupado durante décadas por familias criollas que afectaron el acceso al agua, la alimentación y los recursos naturales.
El abogado destacó que el caso marcó un avance histórico en la jurisprudencia interamericana, al reconocer que los Estados tienen la obligación no solo de titular y demarcar el territorio indígena, sino también de garantizar derechos conexos como el medio ambiente sano, el agua, la alimentación adecuada y la identidad cultural.
Morales enfatizó que la Corte IDH reconoció por primera vez el derecho al agua y a la alimentación como derechos autónomos, y ordenó al Estado argentino elaborar planes para restaurar el acceso a recursos hídricos, conservar los bosques y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. Subrayó que este precedente amplía el alcance de la protección de los pueblos indígenas al integrar la perspectiva ambiental y cultural.
Asimismo, explicó que el litigio, iniciado en 1998 ante la Comisión Interamericana, se sustentó en pruebas antropológicas, peritajes ambientales y testimonios de líderes indígenas que demostraron la degradación ambiental, la competencia del ganado criollo por el agua y los alimentos, y la pérdida de espacios sagrados.
Morales concluyó que el caso Lhaka Honhat evidencia cómo la litigación estratégica puede transformar políticas públicas y generar estándares regionales. En sus palabras, “defender el territorio es defender la vida, el agua, la cultura y la dignidad de los pueblos”. Añadió que el fallo interpela a todos los Estados de la región a cumplir con sus obligaciones de delimitación, demarcación y saneamiento de los territorios indígenas, como condición esencial para la justicia ambiental y social.
Participantes de 12 países participan del Diplomado internacional y realizan sus preguntas de manera directa a los docentes internacionales, quienes dan respuesta de forma clara y detallada. Luego de las ponencias los participantes forman grupos para intercambiar experiencias y responder el formulario de la sesión que corresponde.
