IIDS, 4 de septiembre de 2026. Las organizaciones indígenas solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pase el Caso Conga a la Corte Interamericana, al haber sustentado el mismo desde el 2012. Asimismo, solicitaron que se mantenga vigente la Medida Cautelar 452-11 (MC) otorgada a favor de líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, quienes siguen siendo perseguidos penalmente, con riesgo de su vida e integridad física, psicológica y moral.
Como es de conocimiento público, las organizaciones denunciantes de este caso son la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Federación Regional de Rondas Campesinas e Indígenas de Cajamarca y las organizaciones ronderas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca. Las mismas denunciaron al estado peruano por la imposición violenta del megaproyecto minero Conga, sin consentimiento de las comunidades y rondas afectadas, las que se encuentran en resistencia por casi dos décadas.
Sobre la Medida Cautelar
El Estado peruano solicitó a la CIDH que se levante la Medida Cautelar a pesar de que continúa la persecución penal de beneficiarios. Las Rondas respondieron ante la CIDH sosteniendo que no existe una variación sustancial de las circunstancias que permita levantarla la MC, pues continúan los riesgos para la vida e integridad de los beneficiarios y siguen pendientes las obligaciones del Estado para garantizar la protección de dichos beneficiarios.
Persecución penal continua
Una evidencia del riesgo que corren los beneficiarios es que 34 de los 44 beneficiarios registran 739 procedimientos penales desde el 2000 a la fecha, según reporte del Ministerio Público del 18 de agosto del 2026.
Como muestra de la prolongada persecución, 16 beneficiarios registran más de diez años de criminalización y 14 tienen procesos en más de una región. Las Rondas advierten que estos procesos producen riesgos de detención por requisitorias de procesos que, incluso, desconocen. También les generan mucho estrés y afectación psicológica, y tiene un impacto familiar, laboral y económico. Además, la persecución de dirigentes busca desalentar a las organizaciones para que no continúen en su lucha.
El caso del beneficiario Ydelso Hernández Llamo, ex presidente de la CUNARC, ilustra bien la situación de criminalización de quienes vienen defendiendo la autodeterminación de los pueblos ante la imposición violenta del megaproyecto Conga. Por ejemplo, en días pasados el beneficiario Hernández ha estado sujeto a audiencias del proceso penal, a raíz de la
en el que lo denuncian por hechos relacionados continúa afrontando un proceso judicial relacionado con hechos ocurridos en el contexto de un conflicto con Minera Yanacocha y ha señalado las consecuencias económicas, familiares, morales y psicológicas que le ha generado la prolongación de los procesos judiciales.
Asimismo, las Rondas actualizaron ante la CIDH la situación de salud del beneficiario César Estrada Chuquilín, quien continúa requiriendo atención médica, medicamentos, exámenes y tratamiento especializado. Según la información presentada por su familia, existen dificultades para acceder de manera oportuna y continua a dicha atención, situación que se agrava por la orden de detención que pesa sobre el beneficiario.
Las organizaciones también alertaron a la CIDH sobre la reaparición del megaproyecto Conga en la agenda política y minera nacional. Durante 2026 se han producido declaraciones sobre la posibilidad de impulsar o destrabar proyectos mineros, mientras el Gobierno ha anunciado una política orientada a promover nuevas inversiones mineras. Para las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, este contexto genera preocupación por los antecedentes de violencia, amenazas, hostigamiento y criminalización relacionados con la defensa de sus territorios frente a Conga.
En una comunicación complementaria presentada también el 4 de septiembre, las organizaciones pusieron en conocimiento de la CIDH el pronunciamiento de la Federación Regional de Rondas Campesinas e Indígenas de Cajamarca del 24 de agosto de 2026, denominado “¡Conga no va, ni hoy ni nunca!”, mediante el cual las rondas rechazaron cualquier intento de reactivar, destrabar o viabilizar el megaproyecto y reafirmaron su defensa del agua, el territorio, la vida y el medio ambiente. El pronunciamiento señala además que las cabeceras de cuenca deben ser respetadas y recuerda la resistencia desarrollada durante los años 2011 y 2012.
Para las organizaciones ronderas, este nuevo pronunciamiento demuestra que la controversia territorial y social que dio origen a la medida cautelar no ha desaparecido. Por el contrario, la posibilidad de que Conga vuelva a ser impulsado, sumada a los procesos que todavía afrontan los beneficiarios y a las obligaciones estatales pendientes, mantiene un escenario de preocupación para quienes fueron protegidos por la CIDH debido a su labor como dirigentes y defensores de sus territorios.
Las Rondas Campesinas solicitaron a la CIDH mantener vigente la Medida Cautelar 452-11 y requerir al Estado peruano información concreta y actualizada sobre las acciones adoptadas para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios, investigar los hechos que dieron origen a la medida y asegurar una atención efectiva de su salud. También solicitaron información sobre la situación de César Estrada, el proceso seguido contra Ydelso Hernández y el convenio de cooperación entre la Policía Nacional y Minera Yanacocha.
Asimismo, pidieron a la Comisión que incorpore y valore el reciente pronunciamiento de las Rondas de Cajamarca al momento de evaluar la solicitud del Estado peruano de levantar la medida cautelar. Las organizaciones reiteraron que no se han superado las circunstancias que dieron origen a la MC-452-11 y que su protección debe mantenerse mientras persistan los factores de riesgo para sus beneficiarios.
